jueves, 24 de mayo de 2007

¡Choca esos cinco, Blogger!

Hace ocho años Kofi Annan, Secretario general de la ONU, decía con ocasión del Día Internacional de la Alfabetización (8 de septiembre) lo siguiente: “Existen 880 millones de analfabetos hoy en el mundo. Dos terceras partes de ellos, son mujeres. Más de 120 millones son niños privados de toda forma de educación formal o informal. A menos que aceleremos nuestro compromiso de alfabetizar, ellos serán los analfabetos del mañana”. Entonces había ochocientos ochenta millones; hoy, iletrado más iletrada menos, otra millonada: ¡setecientos setenta millones que no saben leer y escribir! ¡No se han tomado con prisa, aunque aumente el alfabetismo, la desanalfabetización. En el Estado Español, valga el ejemplo, todavía más de un millón de seres ni son lectores ni escritores, ni leedores ni escribientes. Más de un millón no ha hecho suya la lectoescritura, la capacidad lectora y de escribimiento. Más de un millón se pierde, entiéndase, el placer de la lectura y el éxtasis de la escritura, el leer lo escrito y el escribir lo a leerse. De lo malo, malo, aunque analfabetos, aun cuando analfabetas, no se les puede llamar mal lectores o mal lectoras. Tampoco, escribidores o familiarmente dicho, malos escritores, malas escritoras. Porque no lo son. Son iletrados y ágrafos. También, electorado. Electores, sí, y electoras -hasta elegibles, se supone–, en las elecciones, ya sean Municipales y a Juntas Generales, ya Autonómicas o a Cortes Generales. El sufragio universal lo permite. Aunque no sepan leer “Europa” o escribir “Antieuropeo” pueden depositar el sufragio en la urna acristalada. ¿No se le cae a nadie la cara de vergüenza? De vergüenza no porque voten, sino por su analfabetismo, en muchos casos, resultado de nuestra “inteligencia”. Es que cuanto “tonto” para tan poco “listo”, oiga. Y cuanto “listo” para tan poco “tonto” ¿no? Pensar que hay quien al analfabeto y analfabeta solicita el voto cuando debería darles sopa. Sopa de letras, léase, que sopitas nos darán al resto o casi. De letras, pues, hasta el empacho, que es mejor que sin él al solicitar aquél. Porque hay que ver ¿eh? ¡Cómo estará la cosa para pedir a quien hay que dar! Anda que dar a quien hay que pedir… es de mundo al revés. Que lo enderecen habría que exigir a quienes tomen posesión de un cargo público, a nuestros representantes y representantas. ¡Qué menos que empiecen por luchar para que todos puedan leer, a saber, la palabra “abecedario” y escribir, quién sabe, como los ángeles! Cierto es que alfabetizar es mucho más que leer y releer y que escribir y reescribir, sobre todo en estos tiempos en que la pantalla del ordenador “pasa página” al libro y la estilográfica ni sudando tinta sigue el soniquete del teclado, pero letra a letra a lo mejor…


Habrá quien piense que antes que llenar la cabeza de ideas, palabras, pensamientos, sentimientos y emociones, hay que colmar el estómago de grasas, proteínas, minerales, hidratos de carbono y vitaminas, y no andará descaminado: primero alimentación, después, o a la vez, educación. Y es que diariamente, y por algo “erradicar la pobreza extrema y el hambre” es uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que 198 líderes de Estados miembros de la ONU ratificaron en la Cumbre celebrada el 2000 en Nueva York, 800 millones de personas se acuestan con hambre y otros 1200 viven con menos de 1 dólar al día. Es el eructo del capitalismo, la cara oculta del mismo que desde la metrópoli no se quiere ver ni con satélite. Pues no. Han de contemplar su rostro. Porque son problemas que si hubiese voluntad política, no lo serían. ¡Falta la determinación! ¡El interés por la resolución! No es, dicho con otro giro, cuestión de carencia de medios económicos, técnicos o humanos que permitan dar a las problemáticas una salida digna. Medios hay y de sobra; lo que escasea es el deseo en quienes están arriba de poner fin a las problemáticas de quienes, abajo. La desgana e inapetencia es evidente. Hace ya treinta y siete años, en la ONU, numerosos Estados se comprometieron a destinar el 0’7 % del PIB al desarrollo humano sostenible de los países empobrecidos. Dos años después, el Estado Español ratificaba tal compromiso, aunque pronto empezarían las protestas para exigir al Gobierno de turno –y los ha habido de derechas como de izquierdas– que destinaran el 0’7 % a ayudas al tercer mundo, al desarrollo o como se le quiera llamar. Pocos Estados alcanzan la cifra, la verdad. Más allá de Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Luxemburgo, en 2005, casi ninguno. Cuatro años antes, en 2001, mientras el Estado español destinaba el 0’3 %, Euskadi, Navarra y Baleares, el 0’7 %. 0’7 % que representan 70 céntimos de cada 100 € que se gasta un Estado, Comunidad, etc. ¡116 pesetas! ¡Qué descarados somos! Ya está bien de dar la espalda a nuestras miserias. A nuestras miserias sí, que los empobrecidos crean riqueza; los enriquecidos, pobreza. Valga lo escrito, pues, como una llamada de atención general, y en especial, a los equipos de gobierno y oposiciones que resulten tras las elecciones. Tienen en la miseria y la hambruna, aunque sea de mala digestión, un plato al que hincar el diente.


Sobre la mesa el primero y segundo, el postre, aunque haya quien empezaría por él, puede derretirse entre los dedos si la amenaza del calentamiento global que exponen, entre otros, el documental de Al Gore, “Una verdad incómoda”, y el “Informe Kern” es, y tiene toda la pinta de serlo, cierta. Sobre este último el laborista Tony Blair aseguraba en el diario The Sun que: “es el informe más importante sobre el futuro que he recibido desde que soy primer ministro”. “La pieza final del rompecabezas –añadía– es convencer a cada líder político, incluidos los de Estados Unidos, China e India, que esto debe ser la prioridad de nuestra agenda”. Ya podían tomar buena nota, entre otros, los EEUU que, representando el 4% de la población del planeta, produce el 25% de la contaminación mundial por emisión de bióxido de carbono. Más bióxido de carbono que China, India o Japón conjuntamente. EEUU debe, por el bien humano-planetario, firmar el protocolo de Kyoto, el tratado internacional –suscrito por 35 países desarrollados y 107 en vías de desarrollo– que conmina a los países avanzados a reducir para el 2012 las emisiones de gases de efecto invernadero entorno a un 5 % respecto a las de 1990. En el Estado español, hace dos años (2005), estas emisiones malignas se habían incrementado en un 45 % con relación a las de 1990. Emisiones, todas ellas, que contribuyen al calentamiento global, es decir, al incremento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos. Nada bueno. Como no lo es que en los últimos 50 años el mercurio del termómetro mundial haya aumentado al ritmo más rápido de la historia, que la década de los noventa haya sido la más caliente de los últimos mil años, que de 1984 a hoy día el orificio en la capa de ozono sobre la Antártida haya pasado de 7 millones de km² a 29 millones, que entre 1970 y 2004 se hayan duplicado los huracanes calificados con la máxima categoría de fuerza, etc. Horizonte sombrío, pues, lleno de previsiones apocalípticas, tales como: el calentamiento global puede extinguir a una cuarta parte de todas las especies de plantas y animales de la Tierra para el 2050, el deshielo de glaciares y el aumento del nivel del mar amenazan sumergir pobladísimos territorios, devastadoras inundaciones, tsunamis como rascacielos, temperaturas insanas, horripilantes olas de calor, sequías dilatadas, aceleradas desertizaciones, incendios endiablados, tormentas de polvo y arena, huracanes devastadores, desconocidas epidemias y pandemias, aumento de enfermedades contagiosas –cólera, malaria, dengue, ébola…– y de otras patologías como el asma y las alergias, plagas cuasi incontrolables, escasez de alimentos y agua, etc. Con los consiguientes éxodos masivos, enfrentamientos por la posesión de bienes tan necesarios para la vida y demás agresividades desatadas por unos recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Aterrador. El hombre, que lleva ya siendo un bestia con todo cristo, con mal tiempo, de vacas flacas, gripes aviares y demás, ¡por Dios!, se va a devorar. ¡Es terrible! Ya sea la mano culpable del calentamiento de carne y hueso, ya de la madre Naturaleza, ya de ambas, el futuro se avecina negro, aunque muchos, sea dicho de paso, llevan tiempo a oscuras y sin rayos de esperanza. A los analfabetos, hambrientos y pobres hay que sumar los 1.200 millones de personas que carecen de acceso al agua potable o los 2 millones de niños que mueren anualmente debido a infecciones propagadas por el agua sucia. Ya está bien de lavarse las manos, de frotárselas o de quedarse de brazos cruzados. En las nuestras ha de estar tratar con mimo a nuestros semejantes y al planeta que nos acoge. Y lo está, si tenemos en cuenta que las principales fuentes contaminantes por emisión de CO2 son las factorías que generan energía a base de carbón y los automóviles. Oído al parche, pues, que las energías renovables (eólica, solar, geotérmica…), el no despilfarrar los recursos naturales, la imaginación medioambiental y el sentimiento ecológico, en fin, llaman a gritos a un mundo cada vez más ensordecido. Antes de que sea tarde… ¡escuchemos, carajo, escuchemos!

En la primera guerra mundial (1914-1918) y en la segunda (1939-1945) murieron, respectivamente, en torno a los 18 y 55 millones de personas El 15 % de las mismas eran civiles en aquélla y el 65 %, en ésta. De entonces acá, otros 25 millones (90 % civiles) han fallecido en los campos de batalla. Y es que en la Tierra, allende de Afganistán e Irán, aquende de Israel y Palestina, hay muchas zonas conflictivas: Cachemira, Sri Lanka, Chechenia, Líbano, Somalia, Sudán, Uganda, Colombia, etc. Una mirada al pasado de la humanidad debería bastar para fomentar, tanto a nivel global como local, una cultura de paz, diálogo y entendimiento. También entre nosotros. La Paz, el final del conflicto político, es inaplazable. Por mucho que no queramos aprender de las guerras carlistas, de la guerra civil, de la dictadura, de ETA, del terrorismo de Estado o de cualquier expresión violenta, ya pasada, presente o futura, el pueblo vasco sabe que la pacificación no llegará sola, sino acompañada por la democracia. De otro modo, cuando con paz se puedan alcanzar los proyectos que no se pueden alcanzar por falta de democracia y cuando con democracia, los que no, por falta de paz, la solución estará en un salto. Salto que la ciudadanía vasca ya ha dado; salto que la clase política se resiste a dar. Esta última, partes de la misma, mejor, prefieren, al parecer, bailar siempre en el alambre, saltar en la cuerda floja. Son los saltimbanquis de la pirueta y la acrobacia para la galería. Ya saben, los del trampolín.

Estos problemas globales con manifestaciones a nivel local, o estos problemas locales con manifestaciones a nivel global, deberían, entre otros muchos, ocupar el tiempo de los hombres y mujeres públicos, ya se dediquen a tareas de gobierno, ya a labores de oposición. Porque desde las esferas cercanas se puede hacer por las lejanas tanto como desde éstas por aquéllas. Así lo haría, de ser el primer regidor, o mejor, “corregidor”, quien como “concejalucho”, concejal o don concejalón, según se mire, suscribe estas líneas de denuncia. Este edil, conocedor para bien y para mal de las dulzuras y sinsabores de la cosa pública, ha mantenido con la política duranguesa de primera línea una relación de lejana cercanía y de cercana lejanía, de apasionamiento abandonado y de abandono apasionado, de mandarlo todo a tomar vientos y de no abandonarlo por nada del mundo. Este edil, que ha presentado su dimisión como quien presenta una moción de confianza y censura, su confianza como quien, una de censura y dimisión, y su censura como quien…, lo dicho: así lo haría. A más, claro, de romper con el concepto al uso de campaña y de gobierno. La campaña, al igual que no se puede emplear el voto del pueblo para apropiarse de una euromillonada, no puede consistir en emplear una euromillonada para apropiarse del voto del pueblo. Todas esas cantidades que se invierten en carteles, propaganda, etc., deberían financiar proyectos populares. Se pasaría, así, del “vótennos para que hagamos” al “hagamos para que nos voten”. Y otro tanto con el gobierno. Éste, que por lo general se prefiere en mayoría, debería ser, por convencimiento, de “concentración”. En él, toda fuerza política que obtuviera representación se haría cargo de alguna “cartera” o área de gobierno. Todas serían gobierno; todas, oposición. Para saber lo que es la política quizá haya que pasar por allí y por aquí, solo sea para comprobar si es cierto que el gobernante desea hacer de opositor y éste, de aquél.

viernes, 18 de mayo de 2007

El Régimen Electoral

¡Sí!, de esto toca escribir. ¡Del régimen electoral! No del adelgazamiento, qué también, que ha sufrido el cuerpo electoral. Y es que de ese cajón de sastre que es el ordenamiento jurídico español, la norma legal que, junto a la despiadada Ley Orgánica de Partidos Políticos, más enérgicamente va a determinar el desarrollo, y hasta el resultado, del proceso electoral en el que está inmersa la sociedad vasco-navarra es la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Aquélla, la LOPP, establece qué formaciones políticas podrán saltar a la arena pública; esta, la LOREG: cuál es el terreno de juego electoral, cómo ha de ser la publicidad en el mismo, quién puede ser hinchada, quién, miembro de un equipo, las funciones del árbitro, linieres y suplentes, las de los observadores: interventores y apoderados, la composición de las mesas electorales con sus urnas, de las cabinas con sus papeletas y de unas “carpetas” enormes con virginales actas de constitución, escrutinio y sesión, los quehaceres de las Juntas Electorales: Central, Provincial y de Zona, de la Oficina del Censo Electoral y del Instituto Nacional de Estadística, las definiciones de circunscripción y sección, de campaña: el qué es y cuánto dura, el cómo de la propaganda, publicidad, carteles o espacios en las emisoras de radio y televisiones públicas durante la misma, las condiciones para los sondeos o encuestas electorales, para el voto por correo, blanco y nulo, el examen tanto de los gastos electorales como de las subvenciones recibidas, el mecanismo de la ley d´Hont, etc.

La LOREG, aprobada en 1985 y que regula todo lo relativo al régimen electoral general, es una de esas leyes que ya los constituyentes calificaron, en el artículo 81 de la Carta magna, entre las orgánicas –orgánicas son también las de los Estatutos de Autonomía…–y que encomendaron su elaboración, aprobación –por mayoría absoluta del Congreso– y aplicación al Estado español. Este mandato constitucional que recae sobre la parte estatal, pues, unido al de garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, bien como elector, electo o ambos roles a la vez, es pues de vital importancia, no sólo para la estatalidad española, sino para el conjunto de sus ciudadanos y los que no lo son o no se sienten tanto. Y es que la salud democrática de cualquier Comunidad socio-política guarda estrecha relación con el hecho de que el Estado garantice no sólo este derecho a ser un representante que elige o un representante elegido, sino la pulcritud de todo el proceso electoral. Derecho aquél, por cierto, que a día de hoy en Euskadi y Navarra está entrecomillas o entrecomillado. El hecho es que si para hablar de democracia –gobierno, poder del pueblo, no se olvide–, los ciudadanos de derecho han de tenerlo a gobernar u opositar, a conquistar el poder y a controlar su ejercicio, por sí mismos o por medio de sus representantes, la Ley que regule el procedimiento para esta conquista se revela fundamental. Porque de un proceso electoral sin trampas –ya que sin Ley, sin Ley de Partidos Políticos, parece imposible–, sin pucherazos y sin amenazas depende, cómo no y en gran medida, que el sistema merezca el calificativo de democrático y que el poder que reciba cada partido, coalición, federación o agrupación de electores sea realmente el que tenga cada cual. Esta correspondencia entre el poder social y el político es, por lo tanto, esencial para la vitalidad de la Democracia. No sólo porque el político emana del social y ha de ser su fiel representación, sino porque un desajuste entre ambos poderes –un ostentar un poder político superior al social que se posea o un poseer un poder social superior al político que se ostente– es desdemocratizador, es síntoma de que la democracia, por escribirlo con buena letra, no vive sus mejores momentos.

Esta importancia apuntada de la LOREG queda recogida en el mismo preámbulo de la ley, al señalarse que: es “una de las normas fundamentales de un Estado democrático, en tanto que sólo nos podemos afirmar en democracia cuando el pueblo puede libremente constituir la decisión mayoritaria de los asuntos de Gobierno”. Por supuesto, pero el caso es que al pueblo, desafortunadamente, se le priva de este poder. Es cierto que “tiene” derecho a elegir a sus representantes y que “puede” otorgar su voto a quien mayor confianza le inspire, pero de aquí a que constituya la decisión mayoritaria de los asuntos de Gobierno… Estos, como la propia conformación de éste, escapan a su capacidad. El pueblo otorga poder, apodera, nadie lo duda. Pero una vez que lo hace… el poder se le vuelve independiente, se da forma a sí mismo o aborda cuestiones públicas sin atender a la voluntad popular. ¿Cuántos gobiernos, si no, son fruto de pactos sobre los que el pueblo no se ha pronunciado? ¡Más de los deseables! ¿Cuántas decisiones toman sin que él decida? ¡La mayoría! ¿Entonces? ¡La participación política del pueblo no puede reducirse a la jornada electoral y poco más! ¡Sería caricaturesco! Como lo es, y un absurdo, que la ciudadanía sólo tenga poder al depositar su voto en la urna, o que, tras realizarse el recuento de papeletas o el escrutinio, el poder adopte su dinámica propia. En suma, que es muy poco democrático que toda nuestra soberanía y capacidad de decisión se reduzca, casi, al acto de votar. Porque antes y más allá de la votación empieza la verdadera política y la auténtica democracia. Política democrática y democracia política que se le hurtan al pueblo, al que dejan sin “pegada” cuando practica la votada. Un pueblo que, despolitizado como sujeto, parece hecho a medida de estas democracias despopularizadas. ¿Será que se quiere al pueblo sin la democracia y a la democracia, sin el pueblo? Si así fuere, urgentemente éste ha de democratizarse; aquélla, popularizarse.

En el mismo preámbulo de la LOREG, e íntimamente relacionado con lo anterior, se dice que: “La Constitución española se inscribe, de forma inequívoca, entre las constituciones democráticas más avanzadas del mundo occidental, y por ello establece las bases de un mecanismo que hace posible, dentro de la plena garantía del resto de las libertades políticas, la alternancia en el poder de las distintas opciones derivadas del pluralismo político de nuestra sociedad. Estos principios tienen su plasmación en una norma como la presente que articula el procedimiento de emanación de la voluntad mayoritaria del pueblo en las diversas instancias representativas en las que se articula el Estado español”. ¡Cuánto hiperbolero! ¿…se inscribe de forma qué…? ¿Entre cuáles? ¿Pero no iba la española tras la inglesa, americana, francesa…? Mecanismaladas… se hacen. ¡Vaya que sí! Que no se garantizan las libertades políticas…, por supuesto que no. ¿Se respeta la libertad ideológica? ¿También la religiosa? ¿Tampoco? ¿Y la de culto? ¿A cuántos se obliga, anticonstitucionalmente, a declarar sobre ellas? ¿A cuántas? ¿Con Internet es tan inviolable el domicilio? ¿Antes podían entrar por un sitio y ahora por dos? ¿Quién es el que se cree que las comunicaciones son secretas? ¡Secretas! ¿De veras se pueden expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción? ¿Con la Red algo más? ¿Qué piensan de lo de comunicar y recibir información veraz? ¿Qué nos dicen mentiras como templos y verdades de milagro? ¿Y de la censura? ¡Qué dura! ¿En qué otros países comunitarios se cierran periódicos y se ilegalizan opciones políticas? ¿No dirán la extraeuropea Turquía? ¿Y el derecho de reunión, manifestación y asociación? ¿Qué? ¿O el de la participación política o pública, el de elegir y ser elegido? Y qué es eso, por último, del mecanismo, la alternancia en el poder y el pluralismo político. Porque, la verdad, con este engranaje electoral ni alterna tanto, ni lo es tan plural. La alternancia y la pluralidad se asemejan más bien al turnismo y al bipartidismo. Aquéllas suelen darse más en las instituciones cercanas al ciudadano: Ayuntamientos, Mancomunidades, etc. Al contrario, en el Congreso, Senado… se estila más el turnarse o la polarización en la gobernanza. El alejado Estado español, además, no acaba de aceptar bien la diversidad; es uniformizante, homogeneizador: trata de eliminar la diferencia. Y al hacerlo, al dejar lo diferencial fuera del sistema, da pie a que la crítica cuestione la representatividad de las instituciones, su legitimidad, si son, en definitiva, reflejo o no de la voluntad popular. Las de Euskadi y Navarra, de hecho, recientemente no lo han sido y no lo van a ser. Razón por la cual difícilmente se puede compartir lo que en su preámbulo señala la LOREG: “Un sistema electoral en un Estado democrático debe garantizar, como elemento nuclear del mismo, la libre expresión de la soberanía popular y esta libertad genérica se rodea hoy día de otro conjunto de libertades, como la libertad de expresión, de información, de reunión, de asociación, etcétera. Por ello, el efecto inmediato de esta Ley no puede ser otro que el de reforzar las libertades antes descritas, impidiendo que aquellos obstáculos que puedan derivarse de la estructura de una sociedad, transciendan al momento máximo del ejercicio de la libertad política”. No se comparte no porque el sistema electoral no deba asegurar la libre expresión del pueblo soberano y otras libertades –lo debe hacer–, sino porque ni las asegura ni las refuerza. Casi se podría decir lo contrario, que aquella expresión y aquellas libertades tan recortadas desaseguran, debilitan y ponen en tela de juicio el sistema electoral y democrático. Del cual, el votar, al parecer, es el “momento máximo del ejercicio de la libertad política. ¡Votar! ¿Elegir a quien nos represente? ¿Hacerlo tras la elección que realiza, entre otros, el Tribunal Constitucional o tras la que llevan a cabo los partidos políticos al confeccionar las candidaturas? Ese momento máximo, ese orgasmo político-libertario no debería poner punto y final al acto público del pueblo, sino dar continuidad al mismo. El pueblo, más allá del voto, ha de meterse en la cama política a diario. ¡Son sus sueños los que se tienen que cumplir! ¿No es así, familia? ¡Pues no se duerman! ¡Y sueñen!

Tras el preámbulo, uno de los primeros aspectos que regula esta ley, la LOREG, es el relativo al derecho de sufragio activo y pasivo. De modo que pueden ejercer el primero, el de elegir o ser electores, los españoles mayores de edad que, inscritos en el censo electoral, no estén “condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio (…) durante el tiempo de su cumplimiento, los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio y los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el Juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”. Lo de una persona un voto, pues, a más de que no es cierto porque no todos los votos tienen el mismo valor, queda reservado para los españoles mayores de 18 años, censados electoralmente, y que no estén, por decisión judicial, privados del derecho a votar o incapacitados para el mismo. ¡Hasta los dieciocho cuando es posible casarse por la iglesia –matrimonio canónico– siendo varón con dieciséis y siendo mujer con catorce! ¡Cuando para el matrimonio civil el impedimento no es la edad, no es el ser mayor o menor de edad, sino el estar o no emancipado! ¡Cuando se puede conducir un ciclomotor o motocicleta con 16! ¡Cuando se puede trabajar con esta misma edad (16), consentimiento paterno, del tutor o de la persona física o jurídica que esté al cargo del menor de por medio! Además, si hay un tope por abajo (18 años) para la participación electoral, ¿no debería haberlo por arriba? Por otro lado, ¿sólo los españoles pueden votar? ¿Sólo los que posean la nacionalidad española? No, en las elecciones municipales, también los extranjeros de aquellos países que recíprocamente permitan a los españoles votar en sus elecciones, y los residentes en España que, “sin haber adquirido la nacionalidad española”, sean ciudadanos de la Unión Europea y reúnan la condiciones para ser elector. Estos últimos, los comunitarios, y aquellos, los extranjeros cuyos países permitan el derecho de sufragio pasivo, el derecho a ser electo a los ciudadanos españoles, pueden, además de votar en las elecciones municipales españolas, ser electos en las mismas. Dicho esto, ¿qué opinión les merece el que muchos inmigrantes legales que trabajan en el Estado español, que como contribuyentes pagan impuestos , que cotizan a la Seguridad Social, etc., no puedan votar?

Así las cosas en cuanto a los electores, que tienen derecho de sufragio activo o a votar, las referidas a los electos, al derecho de sufragio pasivo, al ser elegido presentan también sus curiosidades. Tantas, que más que el hecho de que baste ser español y mayor de edad para poder ser electo, interesa atender dos cuestiones: qué personas están afectadas por la inelegibilidad y quienes son inelegibles. Aquélla afecta, entre otros, a: “los miembros de la Familia Real Española (…) así como sus cónyuges”, “los Presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas (…)”, “el Defensor del Pueblo y sus Adjuntos”, “el Fiscal General de Estado”, los Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en situación de activo, los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía, en activo”, etc. Casi mejor que el derecho a elegir a los representantes políticos sería poder elegir a muchas de estas inelegibilidades, ¿no creen? ¿O no les gustaría poder elegir entre el Rey sí y el Rey no? ¿O entre el… y el…? ¡Etc! Los inelegibles, por otro lado, son “los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena y los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en los términos previstos en la legislación penal”. Luego un privado de libertad puede trabajar en prisión, pero no puede hacerlo de político. El presunto rebelde y la presunta terrorista, lo mismo. En esto se parecen a la realeza. En lo de que no son elegibles, interprétese bien.

Una vez regulados el derecho de sufragio activo y pasivo, la LOREG señala que: “La Administración Electoral tiene por finalidad garantizar en los términos de la presente Ley la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad. Integran la Administración Electoral las Juntas Electorales: Central (sede en Madrid), Provincial (en la capital de provincia), de Zona (en las localidades cabeza de los partidos judiciales) y, en su caso, de Comunidad Autónoma, así como las Mesas Electorales”. ¡Clarísimo! ¡Transparencia, objetividad e igualdad! ¿Las hay? ¿Qué es un proceso electoral transparente? ¿Sin sombras amenazantes? ¿Sin turbiedades? ¿Sin trampas? ¿Cuáles se pueden hacer? ¡Que voten los muertos! ¡Que una persona lo haga en más de una ocasión o que lo haga quien en realidad no lo ha hecho! ¡Que se cuente de más o de menos! ¡Que se compren votos a tantos €! De esto último ya han llegado noticias desde el Sur del Estado español, o mejor, desde el norte de África. De esto y de encargar, como el PP de Melilla, a una imprenta copias de formularios oficiales del voto por correo. ¿Cómo habrán terminado los propietarios de la imprenta detenidos por falsificación de los mismos? Habrá mil tretas, seguro, para trampear. ¡Qué se lo pregunten, si no, a quienes hablan de pucherazo o fraude electoral! ¡A cuantos denuncian que se altera el resultado de las elecciones o el escrutinio de los votos mediante la Ley de Partidos Políticos! ¡Todos ellos, todas ellas, que no han podido participar en las elecciones, seguro que conocen alguna que otra trampita! Una siquiera que subjetive la deseable objetividad del proceso electoral. Una que lo deforme, que lo desrealice hasta volverlo irrespirable por apestoso. ¡Por pufo! ¿Y la igualdad? Si no es inoportuno, qué es ¿de oportunidades? Porque hay a quienes no les dan una. ¿Ante la ley, quizás? De medios, ya sean económicos, ya de comunicación, ya materiales, desde luego, no la hay. No la hay a pesar de que constitucionalmente: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” ¿Se cumple? ¿Se promueve la igualdad? ¿Se remueven los obstáculos? ¿O reina la desigualdad y se ponen zancadillas a cada paso? Porque facilitar la participación… ¡ah, no! ¡Nonononó! ¡Y menos desde la LOPP! ¡Jopé!

Más allá de la composición –presidente, vicepresidente, vocales, secretario…– de las jerarquizadas Juntas Electorales (Centrales, Provinciales, de Zona...,), más allá de que sus componentes sean magistrados del Tribunal Supremo, de las Audiencias provinciales, Jueces de Primera Instancia, de Instrucción o de Paz, Catedráticos y Profesores Titulares de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, también los licenciados en ellas, reconocidos juristas, etc., lo interesante son las funciones de las mismas. Así, entre las que la LOREG establece, se van a destacar varias. Para la Central: “Dirigir y supervisar la actuación de la Oficina del Censo Electoral”, “Aprobar (…) los modelos de actas de constitución de Mesas electorales, de escrutinio, de sesión, de escrutinio general y de proclamación de electos (…)”, o “Velar por el cumplimiento de las normas relativas a las cuentas y a los gastos electorales por parte de las candidaturas(…)” Y para la de Zona garantizar “la existencia en cada Mesa electoral de: tantas urnas como elecciones se realicen, de la cabina de votación y de los sobres y papeletas de cada candidatura. Evidentemente, estas cuestiones son de importancia en un proceso electoral. Lo es saber cuántos están censados y tienen derecho a votar. Lo es aquella serie de actas, sobre todo la del escrutinio. También los presupuestos de gastos e ingresos que se manejan en esta lucha que todos empiezan a cara de perro para algunos acabar haciendo el oso: al principio, como lobos solitarios; al final, algunos tal la bella y la bestia. Lo son, por último, las mesas electorales que se constituyen para que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho de sufragio activo, nuestro derecho al voto. ¡Derecho que, los nacionalistas vascos, nos guste la Ley de Leyes o no, hemos de ejercer! ¡Porque el voto es el arma de quienes como nosotros quieren cambiar la realidad con la ley en la mano! ¡Con una ley que no aprobamos! ¡Con esas papeletas “podemos” revolucionar los marcos jurídico-políticos! ¡Esa es nuestra revolución! ¡Conseguir mayorías para construir la sociedad que creemos más justa, libre, igualitaria, solidaria, etc.! ¡A voto limpio hasta que lo consigamos! ¡Todos a la urna, todas, a la mesa electoral! ¡A la mesa! ¡A votar! ¡En la sección en que como electores estemos inscritos según el censo y en la Mesa Electoral que nos corresponda!

Según la LOREG: “Las circunscripciones están divididas en Secciones Electorales. Cada Sección incluye un máximo de dos mil electores y un mínimo de quinientos. Cada término municipal cuenta al menos con una Sección. Ninguna Sección comprende áreas pertenecientes a distintos términos municipales. Los electores de una misma Sección se hallan ordenados en las listas electorales por orden alfabético. En cada Sección hay una Mesa Electoral. (…) Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral determinan el número, los límites de las Secciones Electorales, sus locales y las Mesas correspondientes a cada una de ellas, oídos los Ayuntamientos. (…) los electores pueden presentar reclamaciones contra la delimitación efectuada, ante la Junta Electoral Provincial, que resolverá en firme sobre ellas en un plazo de cinco días. Dentro de los diez días anteriores al de la votación se publicará en los dos periódicos de mayor difusión provincial y se expondrá al público en los respectivos Ayuntamientos la relación definitiva de Secciones, Mesas y locales electorales. (…) Los Ayuntamientos deberán señalizar convenientemente los locales correspondientes a cada Sección y Mesa Electoral. La Mesa Electoral está formada por un Presidente y dos Vocales. En el supuesto de concurrencia de elecciones, la Mesa Electoral es común para todas ellas. La formación de la Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. El Presidente y los Vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas censadas en la Sección correspondiente, que sean menores de sesenta y cinco años y que sepan leer y escribir. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros de la Mesa. Por Orden Ministerial se regularán las dietas que, en su caso, procedan para los Presidentes y Vocales de las Mesas electorales.” Seguro que muchos de ustedes ya saben lo que es ser Presidente o vocal de una Mesa Electoral. Trece horas, catorce o así, mal pagadas. Seguro, también, que alguno, tras salir elegido como tal en el sorteo, ha alegado para librarse… ¿tener que examinarse de selectividad como lo hizo el escritor de estas líneas? Seguro que hay quien ha asistido a esas escenas que, votación tras votación, se repiten: la de la puerta con cerradura encolada de un local de votación, la del voto que no quiere entrar, etc.; Seguro que hay quien ha de ido de sustituto de… y ha acabado de presidente o vocal porque el de turno se había puesto, repentina e inesperadamente, enfermo; o quien…

Lo relativo a la Oficina del Censo Electoral es otro de los aspectos que la LOREG reglamenta. Así dice de aquélla que: “encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística, es el órgano encargado de la formación del censo electoral y ejerce sus competencias bajo la dirección y la supervisión de la Junta Electoral Central. La Oficina del Censo Electoral tiene Delegaciones Provinciales. Los Ayuntamientos y Consulados actúan como colaboradores de la Oficina del Censo Electoral en las tareas censales.” Tal Oficina, que “coordina” y “supervisa” “el proceso de creación del Censo Electoral”, “controla y revisa de oficio las altas y bajas tramitadas por los órganos competentes y elabora un fichero nacional de electores. Elimina las inscripciones múltiples de un mismo elector que no hayan sido detectadas por los Ayuntamientos y Consulados. Elabora las listas electorales provisionales y las definitivas”. El censo electoral, controlar las altas y bajas y eliminar a los doblemente inscritos en padrones, listas de censados… ¡Casi nada! Las altas y bajas son interesantísimas, porque es posible que escondan empadronamientos y desempadronamientos masivos que alteren el Censo Electoral y puedan, por tanto, dar la victoria a quien no la merecía. Práctica que, de tener lugar, ha mayores posibilidades de éxito en los municipios pequeños que en los grandes. En aquellos, vamos, que la cosa está reñida y por un puñado de votos se puede conseguir la alcaldía. Pregunten si no a quienes en la Comunidad Valenciana han denunciado incrementos en el padrón en más de una decena de pueblos y, por tanto, en el censo electoral. ¡Cuánto turista de voto! ¿Dónde habrán acabado? Y es que empadronarse es tan fácil. No hay más que desempadronarse, si se está empadronado, y empadronarse en otro pueblo, o empadronarse, si no se está empadronado. Para ello, para realizar el empadronamiento en un municipio se ha de demostrar que se reside en el mismo presentando escritura o contrato de arrendamiento. No obstante, es posible empadronarse de forma temporal alegando que se está viviendo con unas amistades, familiares…, si se dispone del permiso del propietario de la vivienda. Fácil ¿no? ¡No hay ni que tener en propiedad un inmueble! De aquí la importancia de controlar los movimientos sospechosos en los padrones municipales y de denunciar las irregularidades que, en su caso, se detecten.

Como señala la LOREG: “El censo electoral contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen privados, definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio (…) La inscripción en el censo electoral es obligatoria (…) Los Ayuntamientos tramitan de oficio la inscripción de los residentes en su término municipal. Cada elector está inscrito en una Sección. Nadie puede estar inscrito en varias Secciones, ni varias veces en la misma Sección. El censo electoral es permanente y su actualización es mensual. Para cada elección se utilizará el censo electoral vigente el día de la convocatoria. La Oficina del Censo Electoral procederá a la actualización mensual del Censo Electoral con la información recibida antes del día primero de cada mes. (…) La Oficina del Censo Electoral remitirá a todos los electores una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la Sección y Mesa en la que les corresponde votar y comunicará igualmente a los electores afectados las modificaciones de Secciones, locales o Mesas (…) El censo, como se ve, es algo vivo. Y es que debido a fallecimientos de sujetos con derecho a voto, a altas y bajas en el padrón, a personas con los dieciocho recién cumplidos, etc., sufre variaciones que pueden, en ciertos casos, resultar decisivas. Una copia del mismo, del Censo Electoral, la pueden adquirir para sus ámbitos: las comunidades autónomas, los representantes generales de cada candidatura y las Juntas Electorales de Zona. Aunque de las mismas, por motivos de seguridad y por los datos que contienen, pueda excluirse a determinadas personas. Personas y copias que, a veces, han sido noticia al serles intervenidas las copias o los listados de los censados a activistas de ETA.

Otro tanto interesante en un proceso electoral es lo relativo a la convocatoria de las elecciones. Algunas, como las elecciones a Cortes Generales o a las asambleas de las Comunidades autónomas, pueden deberse a que se haya agotado la legislatura de cuatro años, o a que el Presidente del Gobierno en el primer caso y el Presidente de la Comunidad en el segundo –con facultad para ello– disuelvan: las Cortes, aquél, la Asamblea, éste, y convoquen elecciones anticipadas. En ambos casos, ya se adelanten o no, las elecciones se celebran el día quincuagésimo cuarto (54) posterior a la convocatoria. Por otro lado, con relación a las elecciones locales, a las municipales, según la LOREG, éstas “(…) se realizan el cuarto domingo de mayo del año que corresponda y los mandatos, de cuatro años, terminan en todo caso el día anterior al de la celebración de las siguientes elecciones”. Mientras que “los decretos de convocatoria se expiden el día quincuagésimo quinto antes del cuarto domingo de mayo del año que corresponda (…)”. A diferencia de las locales, cuya convocatoria se decide en Consejo de Ministros a propuesta de los Ministerios de Interior y de Administración Territorial, la convocatoria de elecciones a las Juntas Generales la realizan los Diputados Generales, de forma que la fecha y plazos de las mismas coincidan con los de las elecciones municipales.

Una vez convocadas las elecciones, son, a tenor de la LOREG, “los partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente”, “las coaliciones (…)” y “las agrupaciones de electores (requieren cierto número de firmas) (…)” las competentes para presentar “candidatos o listas de candidatos”, las cuales se presentan ante la Junta Electoral competente entre el decimoquinto y el vigésimo día posterior a la convocatoria. (…) “El escrito de presentación de cada candidatura debe expresar claramente la denominación, siglas y símbolo del partido, federación, coalición o agrupación que la promueve, así como el nombre y apellidos de los candidatos incluidos en ella. (…) Tantos como cargos institucionales a cubrir y no más de diez suplentes. “. Veintisiete días después de la convocatoria de elecciones, finalmente, las Juntas Electorales competentes realizan la proclamación de candidatos. Proclamación contra la que cabe presentar recurso ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo y, en último lugar, de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Tras la convocatoria de las elecciones y proclamadas las candidaturas suele tener lugar la campaña que, según la LOREG, se define como “el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios”. “La campaña electoral comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria” de elecciones. Dura quince días. Termina, en todo caso, a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación. (…) No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado ni tampoco durante el período comprendido entre la convocatoria de las elecciones y la iniciación legal de la campaña. La prohibición referida a este último período no incluye las actividades habitualmente realizadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 20 de la Constitución.” Solo aquéllos actores (candidatos, partidos…), por tanto, pueden, durante una quincena y ni antes ni después de la misma, realizar actos electorales, distribuir propaganda, etc., al objeto de conseguir captar el voto de los electores. Hecho que no se suele cumplir. De hecho, en este proceso electoral ya han llovido denuncias por solicitar, directa o indirectamente, el voto sin que la campaña haya comenzado. Granada, Fuenlabrada, Estepona… lo atestiguan. ¡Hasta el mismo Rajoy ha sido denunciado por solicitarlo en Ceuta! ¿Acabará en multa cercana a los 600 €! ¡Pero si en el Estado español se hace campaña hasta desde el altar o el encerado! Hay, incluso, quien ha denunciado que se utilicen las mezquitas para actos electorales. Tal vez digan: si nosotros, seres de Alá, no vamos a la campaña electoral, que ésta no venga a nosotros. Además de los campañeros, sólo se libran, de estas restricciones jurídico-electorales, “los poderes públicos” que “hayan convocado un proceso electoral”. Pues ellos “pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores”. Siendo esto así… ¿qué va a pasar con los Blogs de candidatos y candidatas, de partidos políticos, etc.? O mejor ¿qué, con los post anteriores a la finalización de la campaña en que solicitan el voto? ¿Se van a poder leer finalizada aquélla? El día anterior a la votación o la jornada de reflexión, póngase por caso ¡Qué los cierren ese día! ¿Qué otra cosa sino echarles ellos mismos la persiana hacen! Son blogs electorales –con excepciones, claro. Blogs en que tanto si el político escribe de su puño y letra como si no, no van a volver a escribir. Sus bitácoras quedaran en el ciberespacio como “basura virtual”. Y es que claro, son políticos metidos a bloggers, no bloggers metidos a políticos. Muchos ni siquiera aquello. Ni aquello, ni esto. Y, sinceramente, podían ser auténticos y decirnos que sus blogs no son sino lo que son: propaganda electoral, un caramelo con palo, una rosa con espinas, un llavero sin llaves o un globo desinflado.

Vistas, pues, las personas jurídicas que pueden hacer campaña electoral, la atención recae en los criterios que se utilizan para repartir entre las mismas: los locales y sitios públicos (reservados por los Ayuntamientos) en que realizar actos de campaña, los lugares (ídem) para la colocación de carteles, pancartas, banderolas…, los espacios en los medios de comunicación de titularidad pública, etc. Así, el haber obtenido por un partido, coalición… en las anteriores elecciones equivalentes (si coinciden varias elecciones, generalmente se atiende a la más importante de ambas) mayor número de votos que otro, otra… concede ciertas ventajas. Porque los sitios, locales, lugares…, se distribuyen (por la Junta Electoral de Zona) atendiendo al número de votos y se atribuyen según las preferencias (de más votados a menos) del partido, coalición… O de otro modo, más votos, más lugares gratuitos para colocar carteles, preferencia o prioridad en la elección de los mismos, etc. Otro tanto ocurre al repartir los espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación públicos. Los baremos son los siguientes: “Diez minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron o no obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes; Quince minutos para los (…) que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones equivalentes, no hubieran alcanzado el 5 por 100 del total de votos válidos emitidos en el territorio nacional o, en su caso, en las circunscripciones a que hace referencia el artículo 62; Treinta minutos para los (…) que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado entre el 5 y el 20 por 100 del total de votos (…); Cuarenta y cinco minutos para los (…) que habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado, al menos, un 20 por 100 del total de votos (…)”. Y, como antes, “Para la determinación del momento y el orden de emisión de los espacios de propaganda electoral a que tienen derecho todos los partidos, federaciones o coaliciones, que se presenten a las elecciones, (…) la Junta Electoral competente tendrá en cuenta las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones en función del número de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones equivalentes”. Los votos, es evidente, tienen su peso en tiempo. ¿Es esto de justicia? ¿Hay en ello igualdad de oportunidades? ¿No deberían disponer los concurrentes a las elecciones, independientemente del número de votos recibido en las anteriores, de la misma cantidad de lugares en gratuidad para colocar carteles… o de espacios para publicidad en los medios de comunicación de propiedad pública?

Por otro lado, los actores electorales que concurren a las elecciones, a más de tener derecho a los sitios, locales, lugares y espacios gratuitos de que se ha hablado, pueden colocar “carteles y otras formas de propaganda electoral en los espacios comerciales autorizados” o realizar “publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada”. Pueden hacerlo, aunque tengan límites económicos los gastos propagandístico-electorales. Gastos que es importante controlar. Como importante es: “El respeto al pluralismo político y social, así como la neutralidad informativa de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral”. Respeto y neutralidad que, en más ocasiones de las deseadas, quedan: en desconsideración, aquél; en hostilidades rotas, aquélla. Y es que si algo hay en elecciones es rivalidad, es ataque al corazón. Tanta, tanto, que sorprende que los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que concurren a las elecciones no ejerzan el derecho de rectificación. Es decir, no soliciten la rectificación a aquellos medios de comunicación que hayan difundido hechos que les aludan y consideren incorrectos. ¡Ay, si lo hicieran! Ya veo a más de uno, de dos y de tres que, con un “me ratifico en lo dicho” en el corazón, debería pronunciar a viva voz o escribir en su artículo, columna o blog un “me rectifico en lo dicho”. Rectificación que también vale para esos sondeos o encuestas electorales realizados y difundidos sin reunir algunos criterios (especificar “características técnicas del sondeo”: “sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados, fecha de realización del trabajo de campo…) que la LOREG establece. Según esta, a más de que no se pueden publicar o difundir sondeos electorales “durante los cinco días anteriores al de la votación”, es la Junta Electoral Central la que ha de vigilar que “los datos e informaciones de los sondeos publicados no contengan falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas (…)”. Vigilancia muy importante para unas elecciones libres y democráticas, ya que si el sondeo puede medir, error arriba error abajo, la intención de voto, la publicación, interesada o manipulada, de los datos puede alterar tales intenciones. “Dime quién costea el estudio y te diré lo que valen las conclusiones” es una máxima entre sociólogos y politólogos. Traducida al mundo del periodismo no sería el “dame una buena noticia, yo pongo la cabecera”, sino dame una buena cabecera, yo pongo la noticia”. Por cierto, ¿qué tanto por ciento de quienes esto leen estará de acuerdo? El 50 % si, el resto no como en el caso de EAE-ANV.

El día de la votación, otras cuestiones que la LOREG regula y que tienen su importancia en el proceso electoral son las relativas a: las papeletas y los sobres electorales, el voto por correo, los apoderados e interventores, la constitución de las mesas electorales, la votación, el escrutinio en las mesas electorales y el general, etc. Aún sabido que, en líneas generales, ustedes ya las conocen, veámoslas brevemente:

En relación a las papeletas y sobres electorales, lo más importante, quizá, sea la obligatoriedad que la Administración del Estado y los Gobiernos tienen de asegurar su existencia, para cada una de las candidaturas que se presentan, en el lugar de votación. Estas papeletas y sobres deben estar en las Mesas electorales como antaño los pasajeros de avión en el aeropuerto: “al menos una hora antes del momento en que deba iniciarse la votación”. Los partidos, coaliciones…, por si las moscas, suelen elaborar papeletas que han de recibir el visto bueno.

En cuanto al voto por correspondencia, no más que señalar que es el voto por correo de aquellos electores que no van a poder, el día de la votación y por diferentes motivos, acercarse en primera persona a emitir su voto. Voto por correo que, como ya se señaló, es fácilmente manipulable.

Respecto a los apoderados e interventores hay que apuntar que son dos figuras que resultan del hecho de que el representante de cada candidatura – es nombrado por los partidos, coaliciones… que concurren a las elecciones– “puede otorgar poder a favor de cualquier ciudadano, mayor de edad y que se halle en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, al objeto de que ostente la representación de la candidatura en los actos y operaciones electorales. Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales electorales, a examinar el desarrollo de las operaciones de voto y de escrutinio, a formular reclamaciones y protestas (…) Un interventor de cada candidatura puede asistir a la Mesa Electoral, participar en sus deliberaciones con voz pero sin voto (…)” o, en su ausencia, un apoderado. En suma, los apoderados e interventores son como los observadores de cada candidatura durante la jornada de la votación. Para éstas, contar con estos en cuantas más mesas electorales para evitar posibles irregularidades o fraudes, tanto a la hora de votar como del recuento de votos o escrutinio, es importantísimo.

En referencia a las Mesas electorales –ya se apuntó que debían disponer de: urna para cada elección, cabina de votación, sobres y papeletas– la LOREG señala que: “El Presidente, los dos Vocales de cada Mesa Electoral y los respectivos suplentes, si los hubiera, se reúnen a las ocho horas del día fijado para la votación en el local correspondiente. Si el Presidente no ha acudido, le sustituye su primer suplente. En caso de faltar también éste, le sustituye un segundo suplente, y si éste tampoco ha acudido, toma posesión como Presidente el primer Vocal, o el segundo Vocal, por este orden (…) No puede constituirse la Mesa sin la presencia de un Presidente y dos Vocales. (…) Reunidos el Presidente y los vocales, reciben, entre las ocho y las ocho treinta horas, las credenciales de los interventores que se presenten y las confrontan con los talones que habrán de obrar en su poder. Si las hallan conformes, admiten a los interventores en la Mesa. (…) A las ocho treinta horas, el Presidente extiende el acta de constitución de la Mesa, firmada por él mismo, los Vocales y los Interventores y entrega una copia de dicha acta al representante de la candidatura, Apoderado o Interventor que lo reclame. En el acta habrá de expresarse necesariamente con qué personas queda constituida la Mesa en concepto de miembros de la misma y la relación nominal de los interventores, con indicación de la candidatura por la que lo sean.” Llegados aquí todo está listo para que quienes están registrados en el Censo Electoral ejerzan, si tal fuere su deseo, el derecho de sufragio activo y, papeleta en mano, voten.

En cuanto a la votación, la LOREG señala que: “Extendida el acta de constitución de la Mesa (…) se iniciará a las nueve horas la votación, que continuará sin interrupción hasta las veinte horas. El Presidente anunciará su inicio con las palabras "empieza la votación". Sólo por causas de fuerza mayor podrá no iniciarse o suspenderse, una vez iniciado, el acto de la votación, siempre bajo la responsabilidad del Presidente de la Mesa, quien resolverá al respecto en escrito razonado. (…) el Presidente deberá interrumpir la votación cuando advierta la ausencia de papeletas de alguna candidatura y no pueda suplirla mediante papeletas suministradas por los apoderados o interventores de la correspondiente candidatura. En tal caso dará cuenta de su decisión a la Junta de Zona para que ésta provea a su suministro. La interrupción no puede durar más de una hora y la votación se prorrogará tanto tiempo, como hubiera estado interrumpida. (…) El derecho a votar se acredita por la inscripción en los ejemplares certificados de las listas del censo o por certificación censal específica y, en ambos casos, por la identificación del elector, que se realiza mediante documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir en que aparezca la fotografía del titular o, además, tratándose de extranjeros, con la tarjeta de residencia. (…) El voto es secreto (…) Cada elector manifestará su nombre y apellidos al Presidente. Los Vocales e interventores comprobarán, por el examen de las listas del censo electoral o de las certificaciones aportadas, el derecho a votar del elector, así como su identidad (…) Inmediatamente el elector entregará por su propia mano al Presidente el sobre o sobres de votación cerrados. A continuación éste, sin ocultarlos ni un momento a la vista del público, dirá en voz alta el nombre del elector y, añadiendo "Vota" depositará en la urna o urnas los correspondientes sobres. Los Vocales y, en su caso, los Interventores que lo deseen anotarán, cada cual en una lista numerada, el nombre y apellidos de los votantes por el orden en que emitan su voto (...) Todo elector tiene derecho a examinar si ha sido bien anotado su nombre y apellidos en la lista de votantes que forme la Mesa para cada urna (…) A las veinte horas el Presidente anunciará en voz alta que se va a concluir la votación. Si algunos de los electores que se hallan en el local o en el acceso al mismo no ha votado todavía, el Presidente admitirá que lo hagan y no permitirá que vote nadie más. Acto seguido el Presidente procede a introducir en las urnas los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas por correo, (…) Seguidamente, los Vocales anotarán el nombre de estos electores en la lista numerada de votantes. A continuación votarán los miembros de la Mesa y los interventores, especificándose en la lista numerada de votantes la Sección electoral de los interventores que no figuren en el censo de la mesa. Finalmente se firmarán por los Vocales e interventores las listas numeradas de votantes, al margen de todos sus pliegos e inmediatamente debajo del último nombre escrito (…) La Mesa deberá contar en todo momento al menos con la presencia de dos de sus miembros. (…) Las fuerzas de policía destinadas a proteger los locales de las Secciones prestarán al Presidente de la Mesa, dentro y fuera de los locales, el auxilio que éste requiera. (…) Ni en los locales de las Secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún género. Tampoco podrán formarse grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, ni se admitirá la presencia en las proximidades de quien o quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El Presidente de la Mesa tomará a este respecto todas las medidas que estime convenientes“. Les suena, ¿verdad? Fíjense, si no, el día 27 de mayo. Mucho de lo que ocurra tiene que ver con la LOREG.

Concerniente al escrutinio en las mesas electorales, que se inicia al finalizar la votación, dice la ley que analizamos que: “ (…) es público y no se suspenderá, salvo causas de fuerza mayor (…) En el supuesto de coincidencia de varias elecciones se procede, de acuerdo con el siguiente orden, a escrutar las papeletas que en cada caso corresponda: primero, las del Parlamento Europeo; después, las del Congreso de los Diputados; después, las del Senado; después, las de las Entidades locales; después las de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma; después, las de los Cabildos Insulares. El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente, uno a uno, los sobres de la urna correspondiente y leyendo en alta voz la denominación de la candidatura o, en su caso, el nombre de los candidatos votados. El Presidente pondrá de manifiesto cada papeleta, una vez leída, a los vocales, interventores y apoderados. (…) Es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura. En el supuesto de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un solo voto válido (…) En el caso de elecciones al Congreso de los Diputados, al Parlamento Europeo, a los Ayuntamientos y a los Cabildos Insulares serán también nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hubiera modificado, añadido, señalado o tachado nombres de los candidatos comprendidos en ella o alterado su orden de colocación, así como aquellas en las que se hubiera producido cualquier otro tipo de alteración (…) Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta y, además, en las elecciones para el Senado, las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos (…) Terminado el recuento, se confrontará el total de los sobres con el de votantes anotados (…) A continuación, el Presidente preguntará si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio y, no habiendo ninguna o después de que la Mesa resuelva por mayoría las que se hubieran presentado, anunciará en voz alta su resultado, especificando el número de electores censados, el de certificaciones censales aportadas, el número de votantes, el de papeletas nulas, el de votos en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura. Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de los concurrentes con excepción de aquellas a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta y se archivarán con ella, una vez rubricadas por los miembros de la Mesa (…) La Mesa hará públicos inmediatamente los resultados por medio de un acta de escrutinio (…)” que “fijará sin demora alguna en la parte exterior o en la entrada del local. Una copia de dicha acta será entregada a los respectivos representantes de cada candidatura que, hallándose presentes, la soliciten o, en su caso, a los Interventores, Apoderados o candidatos (…) Se expedirá asimismo una copia del acta de escrutinio a la persona designada por la Administración para recibirla, y a los solos efectos de facilitar la información provisional sobre los resultados de la elección que ha de proporcionar el Gobierno (…) Concluidas todas las operaciones anteriores, el Presidente, los Vocales y los Interventores de la Mesa firmarán el acta de la sesión, en la cual se expresará detalladamente el número de electores que haya en la Mesa según las listas del censo electoral o las certificaciones censales aportadas, el de los electores que hubieren votado, el de los interventores que hubieren votado no figurando en la lista de la Mesa, el de las papeletas nulas, el de las papeletas en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura y se consignarán sumariamente las reclamaciones y protestas formuladas, en su caso, por los representantes de las listas, miembros de las candidaturas, sus Apoderados e Interventores y por los electores sobre la votación y el escrutinio, así como las resoluciones motivadas de la Mesa sobre ellas, con los votos particulares si los hubiera (…) Todos los representantes de las listas y miembros de las candidaturas, así como sus Apoderados e Interventores tienen derecho a que se les expida gratuita e inmediatamente copia del acta (…) Acto seguido, la Mesa procede a la preparación de la documentación electoral, que se distribuirá en tres sobres. Una vez cerrados todos los sobres, el Presidente, Vocales e interventores pondrán sus firmas en ellos, de forma que crucen la parte, por la que en su día deban abrirse. Cuando tengan preparada la correspondiente documentación, el Presidente y los Vocales e Interventores que lo deseen se desplazarán inmediatamente a la sede del Juzgado de Primera Instancia o de Paz, dentro de cuya demarcación esté situada la Mesa, para hacer entrega del primer y del segundo sobre. La Fuerza Pública acompañará y, si fuera necesario, facilitará el desplazamiento, de estas personas. Previa identificación del Presidente y, en su caso, de los Vocales e interventores, el Juez recibirá la documentación y expedirá el correspondiente recibo, en el que hará mención del día y hora en que se produce la entrega. Dentro de las diez horas siguientes a la recepción de la última documentación, el Juez se desplazará personalmente a la sede de la Junta Electoral que deba realizar el escrutinio (en las municipales la de Zona), donde hará entrega, bajo recibo detallado, de los primeros sobres. Los segundos sobres quedarán archivados en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz correspondiente, pudiendo ser reclamados por las Juntas Electorales en las operaciones de escrutinio general, y por los Tribunales competentes en los procesos contencioso-electorales (…) El tercer sobre será entregado al funcionario del Servicio de Correos, que se personará en la Mesa Electoral para recogerlo. Al menos un Vocal debe permanecer allí hasta haber realizado esta entrega. Al día siguiente al de la elección, el Servicio de Correos cursará todos estos sobres a la Junta Electoral que haya de realizar el escrutinio”. Esto en relación al escrutinio en las mesas electorales porque el generalse realiza el tercer día siguiente al de la votación, por la Junta Electoral que corresponda (…) El escrutinio general (…) tiene carácter público (…) Cada Junta se reúne, con los representantes y apoderados de las candidaturas que se presenten, en la sede del local donde ejerce sus funciones el Secretario (…) A continuación, el personal al servicio de la Junta procede, bajo la supervisión de ésta, a la apertura sucesiva de los sobres (…) Si faltase el correspondiente sobre de alguna Mesa o si su contenido fuera incompleto se suplirá con el tercer sobre (…) En su defecto (…) se utilizará la copia del acta de la sesión que presente en forma un representante de candidatura o Apoderado suyo (..). En caso de que en alguna Mesa hubiera actas dobles y diferentes o cuando el número de votos que figure en un acta exceda al de los electores que haya en la Mesa según las listas del censo electoral y las certificaciones censales presentadas, con la salvedad del voto emitido por los Interventores, la Junta tampoco hará cómputo de ellas, salvo que existiera error material o de hecho o aritmético, en cuyo caso procederá a su subsanación. (…) El escrutinio deberá concluir no más tarde del sexto día posterior al de las elecciones (…) Los representantes y apoderados de las candidaturas disponen de un plazo de un día para presentar las reclamaciones y protestas, que sólo podrán referirse a incidencias recogidas en las actas de sesión de las Mesas electorales o en el acta de la sesión de escrutinio de la Junta Electoral”. Si las presentaren y una vez resueltas, las Juntas Electorales respectivas proclaman a los candidatos electos. Éstos, “En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, (…) deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución (…)”. Este es el resultado del proceso electoral, la proclamación de electos. No obstante, cabe el recurso contencioso electoral contra “los acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos, así como la elección y proclamación de los Presidentes de las Corporaciones Locales” y, una vez que la Sala competente dicte sentencia, también los recursos de aclaración o amparo ante el Constitucional.

Descritos, quizá demasiado pegado a la letra de la ley, los elementos más relevantes del día de la votación, hay otros temas merecedores de atención como: los gastos y subvenciones electorales, la vigilancia de los mismos y las mismas, o los delitos electorales. ¡A ellos!

Como se sabe, la LOREG obliga a toda candidatura a disponer de “un administrador electoral responsable de sus ingresos y gastos y de su contabilidad (…)” Tal administrador, tras abrir una cuenta o más bancaria destinada a la recaudación de fondos para la campaña, da cuenta de aquélla o aquéllas a la Junta Electoral Central o Provincial. Y es que: “Todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, cualquiera que sea su procedencia, deben ingresarse en las mencionadas cuentas y todos los gastos deben pagarse con cargo a las mismas”. Evidentemente, no pueden realizar aportaciones a tales cuentas, entre otras: Instituciones públicas, empresas de titularidad pública y mixta, o aquellas con contrato firmado con aquéllas, ya sea de servicios, de obra, suministros… Tampoco, aunque con excepciones, “Entidades o personas extranjeras”. Y en ningún caso una persona física o jurídica podrá efectuar una aportación superior a los 6000 €. Los fondos de estas cuentas, a pesar de que ya señalamos que tienen limitaciones los gastos electorales, son los que sufragan éstos junto a las subvenciones que otorga el Estado. Ahora bien, éste no las otorga a aquellos partidos o a aquellas federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que realicen las conductas que la LOPP establece para la ilegalización de un partido político…, ni a aquellas organizaciones políticas que integren en sus aparatos de dirección, listas electorales, etc., “a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado (…)”. A través de esas cuentas y subvenciones, pues, los administradores electorales de las candidaturas sufragan los gastos electorales habidos entre la convocatoria de las elecciones y la proclamación de electos. Gastos electorales como; la elaboración de sobres y papeletas, la publicidad y propaganda, medios de transporte, etc. Gastos que no sólo están limitados –ya lo veremos–, sino que por su trascendencia están controlados por la Junta Electoral Central y Provincial o por el Tribunal de Cuentas. Los cuales pueden solicitar de los Bancos y Cajas de Ahorro en que se encuentran las cuentas corrientes y de los administradores que con ellas operan cuanta información consideren conveniente para fiscalizar o intervenir económicamente los movimientos financieros que hubieran tenido lugar en las mismas. Desde el saldo hasta la identidad de los ponentes de las aportaciones, desde los pagos hasta las transferencias realizadas caen bajo la atenta mirada de estos observadores económicos que en caso de detectar irregularidades, susceptibles de ser consideradas delito, han de ponerlas en conocimiento de la Fiscalía.

Por último, los delitos electorales hacen referencia a aquellas conductas que desde la convocatoria de elecciones hasta la finalización de las mismas, por lo menos, son delictivas y, por tanto, sancionables, bien con multa, arresto o prisión. Entre ellas: “Cambiar, ocultar o alterar, de cualquier manera, el sobre o papeleta electoral que el elector entregue al ejercitar su derecho (…); “Realizar con inexactitud el recuento de electores en actos referentes a la formación o rectificación del Censo, o en las operaciones de votación y escrutinio”; “Consentir, pudiendo evitarlo, que alguien vote dos o más veces o lo haga sin capacidad legal, o no formular la correspondiente protesta”; “Imprimir, confeccionar o utilizar papeletas o sobres electorales con infracción de las normas establecidas”; Votar más de una vez o sin derecho para hacerlo; el abandono injustificado de las funciones de Presidente y vocal de las mesas electorales; “Realizar actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral”; “Infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral”; infringir la normativa relativa a encuestas electorales; solicitar el voto o inducir a la abstención a cambio de recompensas de cualquier tipo; violentar para que no se vote o se haga en un sentido determinado e impedir y entorpecer la entrada y salida al recinto de votación al electorado…; falsear las cuentas de los gastos electorales; etc.

¿Qué más? El sistema electoral que se utiliza en el Estado Español para convertir los sufragios o los votos en escaños. El sufragio indica la opción política del elector; el escrutinio atribuye los escaños. Ahora bien, para realizar la conversión, para decir que tantos de aquéllos dan tantos de estos hay varios sistemas. El mayoritario, por ejemplo, atribuye el escaño al candidato que obtenga la mayoría simple o absoluta y deja sin representación al resto. Es el sistema utilizado en el Reino Unido y en muchos países de la Commonwealth. Los famosos distritos. Todo el pastel para el que obtenga alguna de las mayorías dichas. ¡Es un sistema que perjudica al partido… minoritario en beneficio del mayoritario! El sistema proporcional, por otro lado, que es el que se utiliza en el Estado Español, sin beneficiar a los partidos minoritarios, a los partidos pequeños –sin proyección en todo el territorio estatal– les da, dicen los entendidos, más posibilidades que el sistema mayoritario. Mientras que lograr una mayoría parlamentaria resulta más complicado para cualquiera. Este sistema proporcional utiliza lo que se conoce como la Ley de D´Hont. Veámosla. Sin olvidar que en las elecciones municipales aquellas candidaturas que no obtengan el cinco por ciento de los votos válidos emitidos en la circunscripción quedan automáticamente descartadas para el reparto de escaños y en las elecciones a Cortes generales las que no alcancen el 3 por ciento, hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos que, en una circunscripción en la que están en juego siete escaños, la candidatura A obtiene cien mil votos, la B, sesenta y dos mil, la C, treinta y dos mil, y la D, dieciocho mil. La Ley de D´Hont no consiste más que en dividir los votos que ha obtenido cada candidatura por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco…” hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción. Hasta 7 en nuestro ejemplo:

A B C D
100000 62000 32000 18000
50000 31000 16000 9000
33333,3 20666,6 10666,6 6000
25000 15500 8000 4500
20000 12400 6400 3600
16666,6 10333,3 5333,3 3000
14285,7 8857,1 4571,4 2571,4

Después –Dios quiera no se haya colado algún error– se van atribuyendo los escaños: el primero al cociente mayor (100000, el segundo, al siguiente (62000), el tercero… (50000), el cuarto… (33333,3), el quinto… (32000), el sexto… (31000), el séptimo… (25000). Con lo cual la candidatura A obtiene 4 escaños, la B, 2 y la C, 1.

Señala la LOREG que: “Cuando en la relación de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas con igual número total de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa”.

A diferencia de este sistema que utiliza la Ley de D´Hont, hay otro conocido como el sistema de cociente electoral, o de Hare. Con éste, en primer lugar, se divide el número total de votos obtenidos por todas las candidaturas entre el de escaños a repartir. Lo que resulte es el cociente electoral. Siguiendo con el ejemplo:

100000 + 62000 + 32000 + 18000 = 212000. Luego 212000/7 = 30285,714 es el cociente electoral.

Una vez obtenido éste, se dividen los votos de cada candidatura entre el cociente electoral y se le otorgan tantos escaños como números enteros resulten. Así:

A: 3,57 (tres escaños) B: 2,21 (2 escaños) C: 1,14 (1 escaño)

Faltaría repartir el séptimo escaño y para ello se tienen en cuenta los restos de cada candidatura para asignárselo al resto mayor. Éstos son:

A: 28000 x 3 escaños = 84000 Resto 16000
B: 28000 x 2 escaños = 56000 Resto: 6000
C: 28000 x 1 escaño = 28000 Resto: 4000
D: Resto 18000.

Luego D obtiene el escaño disputado.

Con este sistema, la candidatura mayoritaria que con el de D´Hont obtenía 4 escaños, la A, pierde uno, y la minoritaria, la D, que no obtenía representación, gana uno. Otros sistemas, por otro lado, no son ni mayoritarios, ni proporcionales, sino una mezcla de ambos. ¿Conclusiones? Cada sistema tiene sus pros y sus contras, pero hay que buscar aquél que fomente la participación política y la pluralidad, aquél que mejor traduzca el poder social en poder político. ¿O no es significativo que con el D´Hont el escaño, si se puede hablar así, estuviera, en nuestro ejemplo, a 25000 votos y con el de Hare a 28000 inicialmente para los enteros, y a 18000 al final para los restos. Más allá, por otro lado, del sistema que se emplee, la discusión, entre nosotros, suele estar también en el porcentaje de votos necesarios (el 5 % o el 3 %) para poder entrar en el reparto de escaños.

Analizado, brevemente el sistema electoral, la pregunta a realizar es: ¿Cuántos (escaños) concejales se atribuyen a cada municipio? De primeras, siempre un número impar. De segundas, en función los baremos que establece la LOREG:

Hasta 250 residentes 5
De 251 a 1000 7
De 1001 a 2000 9
De 2001 a 5000 11
De 5001 a 10000 13
De 10001 a 20000 17
De 20001 a 50000 21
De 50001 a 100000 25

“De 100.001 en adelante, un Concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par”.

Un tema que pasamos de refilón y que, a tenor de lo que viene aconteciendo en los últimos tiempos en Euskadi y Navarra, tiene su importancia es el de las firmas necesarias para que una agrupación de electores pueda presentar una candidatura. Pero ojo, porque en las tierras vascas el problema no es reunir las firmas, sino que la agrupación que las consigue no logra pasar el filtro que la LOPP supone. Dicho esto, como sabemos son los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones quienes están capacitados para presentar candidaturas o listas de candidatos. Pero a las agrupaciones se les exige reunir un cierto “número de firmas de los inscritos en el censo electoral del municipio” para poder hacerlo. Así los baremos que establece la LOREG son:

En los municipios de menos de 5.000 habitantes no menos del 1 por 100 de los inscritos siempre que el número de firmantes sea más del doble que el de Concejales a elegir.
En los comprendidos entre 5.001 y 10.000 habitantes al menos 100 firmas.
En los comprendidos entre 10.001 y 50.000 habitantes al menos 500 firmas.
En los comprendidos entre 50.001 y 150.000 habitantes al menos 1.500 firmas.
En los comprendidos entre 150.001 y 300.000 habitantes al menos 3.000 firmas.
En los comprendidos entre 300.001 y 1.000.000 de habitantes al menos 5.000 firmas.
En los demás casos al menos 8.000 firmas.

Junto a la temática de las firmas destacan otras referidas a las subvenciones que concede el Estado en concepto de gastos electorales y los límites para éstos. Temáticas ya abordadas que la LOREG matiza. Así, en relación a la primera, el Estado español concede
“Veinticinco mil pesetas por cada Concejal electo y Cincuenta pesetas por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera sido proclamado Concejal. En Durango, tómese como ejemplo orientativo, el EAJ-PNV, que en 2003 obtuvo 10 concejales y 6834 votos, recibiría alrededor de 250000 pesetas por el primer baremo y 341700 por el segundo. Total: 591700. Por otro lado, también son subvencionables los envíos de sobres y papeletas que los partidos, coaliciones… realizan a los electores. Subvenciones que son bienvenidas, en tanto que los gastos en una campaña electoral –cada vez se parecen más a los Reyes magos que reparten dulces regalos– son cuantiosísimos. Gastos que, dicho está, están limitados. Así: “el límite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 12 pesetas el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación. Por cada provincia, aquellos que concurran a las elecciones en al menos el cincuenta por ciento de sus municipios, podrán gastar, además, otros 16 millones de pesetas por cada una de las provincias en las que cumplan la referida condición”. Para hacernos una idea, las formaciones políticas -PP, PSOE, IU, CiU, ERC, PNV e IC/V- gastaron, en la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales y autonómicas de 2003, 36.906.278 euros. ¡Tanto como el presupuesto durangués para 2007! El PP declaró un total de 14.516.906 euros; El PSOE, 12.413.129; IU, 5,4 millones de euros; CiU 2.101.498 euros; IC-V, 1.096.146, EAJ-PNV, 748.408; y ERC, 690.586 euros. ¡Una millonada! ¿Cuántos proyectos se podrían realizar con semejantes cantidades? ¿Cuántos? Da qué pensar ¿verdad? Lo da el que se los gasten para lograr el máximo poder, el mayor número de alcaldes y concejales en las Corporaciones municipales que se constituyen el vigésimo día tras las elecciones.

Una última cuestión a abordar hace referencia a la Ley de elecciones para las juntas generales de los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Elecciones que, el 27M, como en otras ocasiones, y en Euskadi, coinciden con las municipales. Según esta ley: “Las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa estarán compuestas cada una de ellas por cincuenta y un Procuradores, Apoderados y Procuradores- Junteros, respectivamente, elegidos mediante sufragio universal, libre, directo, secreto y representación proporcional.” Una vez dividido cada territorio histórico en distintas circunscripciones electorales –3 en Araba, 4 en Bizkaia y Gipuzkoa– “Los 51 Procuradores, Apoderados o Procuradores Junteros de cada Territorio Histórico se distribuirán en proporción a la población de cada circunscripción electoral. Una vez atribuido el número entero de Procuradores, Apoderados y Procuradores-Junteros que corresponda a cada circunscripción electoral, el número sobrante se repartirá en función de los mayores restos”.

Esta Ley de elecciones para las juntas generales de los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que, en líneas generales sigue a la LOREG, señala para el proceso electoral a juntas que: “Las candidaturas que presenten los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de personas electoras estarán integradas por al menos un 50% de mujeres. Se mantendrá esa proporción en el conjunto de la lista de candidatos y candidatas y en cada tramo de seis nombres. Las juntas electorales de zona competentes sólo admitirán aquellas candidaturas que cumplan lo señalado en este artículo tanto para las personas candidatas como para las suplentes”. Estas medidas, que pretenden alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en las candidaturas, preceden a las que la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, recientemente aprobada (el 22 de marzo de 2007), ha impuesto en la LOREG. Así, debido a la ley de igualdad, se modifica la LOREG en tanto que “Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico. También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento en cada tramo de cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en ese tramo será lo más cercana posible al equilibrio numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier caso la proporción exigible respecto del conjunto de la lista”. Otro tanto dispone para los suplentes. Esta ley, más allá de que asegure en cada candidatura un 40 % de mujeres y otro tanto por ciento de hombres y no más de un 60 % de aquéllas ni de éstos, ha sido tan criticada por unas partes como defendida por otras. Y es que hay quien defiende que a las instituciones hay que llevar a los más capacitados, sean hombres o mujeres, y que la norma legal, aunque apueste por lo igualitario, puede ir contra principios como: el mérito, la capacidad, etc. Hay, al contrario, otras corrientes de opinión para quienes estos cambios en las leyes electorales son fundamentales para lograr sociedades en que ambos sexos disfruten de la igualdad de oportunidades. La ley, defienden, ha de obligar a la paridad, a la participación y presencia equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones, en los órganos y cargos de responsabilidad, etc. Hay que objetivar la igualdad, dicen, no puede quedar al arbitrio de la subjetividad. Y hay, incluso, quien cree que esa paridad, más que ser una imposición jurídica, ha de ser una convicción social. La igualdad, más que por ley, señalan, ha de ser por justicia. Y no sólo en el género, sino en otros órdenes como las relaciones: entre los pueblos, económicas, culturales, etc. La igualdad, añaden, no se va a conseguir únicamente con la ley, hacen falta otras medidas: educativas, sociales... Sea como sea, el caso es que el PSOE, que impulsó la ley de igualdad, no la ha cumplido en estas elecciones. 40 candidaturas socialistas, por lo menos, ya han sido denunciadas. Y como el PSOE, el PP de Garachico, al no incluir en su lista electoral a ningún varón. Otro método, por otro lado, para lograr la igualdad en las candidaturas es el que se recoge en la ley electoral andaluza. Es el que se conoce como listas cremalleras o alternas. Es decir, en toda lista de candidatos se ha de alternar hombres y mujeres: hombre, mujer, hombre, mujer… O la inversa. El objetivo: la igualdad.
En fin, que la LOREG, como hemos ido viendo, está por debajo de las elecciones que llevaran a algunos a lo más alto. Esperemos que a los nacionalistas vascos, sean peneuvistas, aeneuvistas, de EA o de Aralar. Y es que, para quienes sentimos a Euzkadi como la patria de los vascos, más importante que el hecho de que gane un partido abertzale u otro, lo es que ganen todos. Esto es, que entre unos y otros logren más sufragios y escaños que en las elecciones anteriores. De esto se trata, de que la nación y el nacionalismo crezcan a base de votos. ¿El nuestro? Para Euzkadi. Ayer, hoy y siempre… para Euzkadi.

lunes, 7 de mayo de 2007

"Referendarios y referendarias"

Un día de la semana pasada era audible, desde el patio enverjado y arbolado de la Escuela de Música y Conservatorio de Grado Medio de la noble y leal villa de Durango, la voz acompasada, cariñosa y pura de una profesora al descubrir a su alumnado los secretos sonoros de un par de notas. Ella cantaba: “Esta Fa, Fa, Fa, esta Do, Do, Do, esta Fa, Si, Si, esta Do. ¡Todos juntos! Esta Fa, Fa, Fa, esta Do, Do, Do, esta Fa, Si, Si, esta Do. ¿Veis qué fácil? Esta Fa, Si, Si, esta Do”. Esta Fa, esta Do, en estas estaban mientras mi acompañante exclamó: “¡Cómo canta no?” ¡Canta, canta! – dije. ¡Y cantan! ¡Mejor que la Lola y la Panto! ¡Ja!

Pantomimas aparte, de camino a casa imaginaba la melodía aquella que me revolucionaba sobre la melenuda interpretada en la mandolina que Picasso, genial testigo al pincel, sobretodo del siglo XX, pusiera en manos de una muchacha en 1910. El “Esta Fa y esta Do” aquél, tocado por esta música que se hace pintura o la inversa, no era sino el eco metafórico de lo que le viene ocurriendo a la ciudadanía vasca en los últimos procesos electorales: un sentimiento de “estafa política” y de indefensión ante la actuación de determinados poderes del Estado español. Éste, dividiendo el trabajo, que no el poder, entre sus todopoderosos órganos, consigue en última instancia –orden política, informes policiales y decisión judicial mediante– distorsionar la voluntad popular vasca. Distorsión que no es sino el último eslabón de esa cadena que ha por primero la consigna dada por los con cartera, guardaespaldas y coche oficial en la puerta, por segundo, las pistas que los engabardinados de gafas negras siguen para dar con las “pruebas delictivas”, y por último, la sentencia con que los togados martillean los tímpanos del electorado y la esperanza de numerosas candidaturas. Distorsión en tanto que en Euskadi y Navarra, a tres semanas de las elecciones municipales y forales, se puede decir que – a no ser que el Tribunal Constitucional contradiga al Supremo, lo cual se antoja más épico que el que unos padres monárquicos alumbren un hijo republicano o unos republicanos, uno monárquico– mientras la izquierda abertzale va a tener menos representación política que fuerza social, o menos “voz” que votos, el resto de formaciones políticas, menos fuerza social o votos que representación política o “voz”. Unos serán más de lo que van a tener; otros van a tener más de lo que serán. Aquellos estarán empequeñecidos; estos, agrandados; ambos, con un desequilibrio entre el peso político y el apoyo social. Hecho que, será todo lo legal o jurídico que se quiera, más quiérase o no es una injusticia. Como lo es el que a determinadas personas, sin condena por integración en ETA o por colaboración con organización armada de por medio, no sólo se les arrebate el derecho a ser electos, sino también el de ser electores, pues aun cuando puedan elegir, no pueden hacerlo por quien lo harían. Se les niega, de otro modo, el ser representantes tanto como el ser representados. Les “votan” de antemano para que sea imposible votarles; tras ser “votados” sólo pueden votar, si así lo hicieren, por quienes se hubieran librado de la “votación”. En fin, que con estas injusticias, cometidas en nombre de la Ley de Partidos Políticos, las elecciones pierden el apellido de libres: Las elecciones suspenden en democracia y la democracia suspende en elecciones.

Lo dicho, en palabras del pueblo llano vasco, no es sino un tijeretazo que con la Ley de Partidos le han dado: primero, a ASB –la no inscribible en el Registro de Partidos políticos; luego, a las agrupaciones de electores que, aún sin la palabra ilegal “BATASUNA”, están, según dicen los cazabatasuneros, 100 % embatasunizadas; por último – aunque para saber a qué atenerse definitivamente habrá que esperar a que se pronuncie, si fuere el caso, el Constitucional– a más de la mitad de las listas que EAE-ANV ha presentado en Euskadi y Navarra. ¡Hay quien habla de tongo! ¡Y se entiende! ¡Claro que se entiende! ¡Aunque no lo sea! Porque ni se trata de una trampa que se realiza en una competición deportiva, ni uno de los contendientes se deja ganar por razones ajenas al juego. Trampa hay. Suele decirse: hecha la ley, hecha la… O hecha la… hecha la… Más no la hay en una competición deportiva, sino antes de que tenga lugar la electoral. En ésta, tramposamente, hay a quien y dónde no se va a dejar competir. Además, no es que el contendiente se deje ganar por razones ajenas al juego, es que por razones ajenas no se deje al contendiente ganar juego. Tú no juegas, le dice el árbitro. No juegas, no. Por ser, independentista, dependiente de Batasuna. De una Batasuna que, ilegalizada, ilegaliza. Ya caiga una candidatura en brazos de Batasuna, ya Batasuna, en brazos de una candidatura, el caso es que aquélla y ésta se quedan sin participar en las elecciones. Batasuna por ser ETA. La candidatura por ser Batasuna. Y claro, como no toda Batasuna es ETA y como no toda ETA es Batasuna, ocurre que se toma a la parte por el todo o al todo por la parte. Injustamente, en cuanto que por unos pocos no se puede dejar fuera de juego a muchos. Y a la inversa. Tampoco por muchos, fuera de juego a pocos. Hay que particularizar. Porque de qué se trata. ¿De que haya listas que por unos no estén en las elecciones o de que haya unos que no estén en las listas por elecciones? Son los unos los que no tienen que estar, no las listas. Luego si en una de éstas hay uno de aquéllos ¿no sería más justo dejarle fuera a éste y no a éste y a todos los con él listados? Más justo, digo, y no lo más justo, porque lo más justo sería que el pueblo, que cada uno de nosotros, voto en mano, tuviésemos la posibilidad, digan lo que digan los jueces, de otorgar a cada cual la parte de poder político que le corresponde. La última palabra no puede ser jamás la jurídica, ha de ser popular. ¡Siempre! Porque está bien respetar la decisión de los jueces, pero mejor, en todo caso, la que tome la ciudadanía. Por respetar aquélla, no se puede dejar de respetar ésta. Por respetar ésta ¿no se puede dejar de respetar aquélla? Cada ciudadano y ciudadana, el pueblo en su conjunto, ha de cerrar toda controversia. Cuando el diálogo, el debate y la negociación no llevan a una idea común y compartida y a un acuerdo entre diferentes en el que cada cual cede un poco para ganar mucho todos, el pueblo, la nación, el país, la patria, o como se llame, debe zanjar la cuestión. Ha de ser llamado a una consulta popular, nacional, paisana, o patriótica, si se quiere, más ha de ser llamado. Convocado a un referéndum. A un plebiscito. No a uno cada cuatro años, sino a unos cuatro cada año. Es una hipérbole, quizá, pero deberíamos hacernos “referendarios” y “referendarias” más a menudo. ¿No les parece?

Dicho lo anterior, no menos oportuno es recordar que si la Ley de Partidos Políticos dificulta la participación política o electoral de la izquierda abertzale, ETA tampoco se lo pone fácil. Hay quienes dicen que en ese mundo lo político está subordinado a lo militar y que esto lo explica todo. Hay, por el contrario, quienes opinan que lo militar debería estar subordinado a lo político y que entonces... Ni aquello ni esto, la verdad. Lo militar y lo político no pueden congeniar. No sólo porque la acción directa destruye, cuando la política construye, sino porque ni se puede echar a perder una buena teoría por una mala práctica ni una buena práctica por una mala teoría. Además, no se trata de vencer militarmente a lo político, sino de vencer políticamente a lo militar. La victoria ha de ser política. Sólo si vienen a derrotarnos, que lo sea militar. Sólo entonces, pero hasta entonces política, política y política.