martes, 2 de octubre de 2007

¡Derecho a la consulta!

Incuestionablemente, el españolismo vive en un estado de alerta político: a la defensiva, en guardia y sobresaltado. La consternación o exaltación que le atormenta es tal que, siempre como a deshora, le invade la sospecha de conspiraciones antimonárquicas, complots republicanos o confabulaciones de los nacionalismos independentistas. Este ultra tremendismo existencial, que crucifica a la derecha como a la izquierda política española, ha quedado en evidencia tras el último pleno de Política General celebrado en el Parlamento vasco. En el mismo, el Lehendakari Juan José Ibarretxe –como supremo representante de la sociedad vasca que es y ante el fracaso del proceso de paz y normalización política– tendía la mano al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para iniciar un proceso de negociación política que abrigara por finalidad alcanzar un compromiso en torno al respeto a la palabra del pueblo vasco, su ejercitación política y reconocimiento jurídico. Anteviendo que el Jefe del Ejecutivo español no recogiese el guante lanzado, como de hecho parece que así ha ocurrido, Ibarretxe planteaba solicitar a la Cámara Vasca la autorización para promover una consulta a la ciudadanía el 25 de Octubre del 2008. Consulta que de haberse logrado un acuerdo con el Gobierno español tuviere por objeto la ratificación o desaprobación del mismo por el pueblo vasco, y, en el supuesto contrario, la encomienda o no a la clase política de emprender un proceso para un final dialogado de la violencia y resolución del conflicto político. Pues bien, ante una propuesta tan juiciosa, españolistas de aquí y de allá han puesto el grito en Madrid.

El archiconservadurismo representado por el Partido Popular –que es el partido, al igual que el PSOE, de lo vuestro no porque no y lo nuestro sí porque sí– venía a decir por boca de su portavoz parlamentario vasco, Leopoldo Barreda, que: “Contra la Ley sólo hay planteamientos totalitarios, que es lo que ha hecho el lehendakari”. Afirmación que –más allá de que es un disparate en tanto que numerosas costumbres que otrora no estaban constitucionalizadas a día de hoy lo están y no por tal razón eran ni son autoritarias– merece la siguiente metábola: Contra planteamientos, que es lo que ha hecho el Lehendakari, sólo hay, ¡totalitarios!, Ley. La ley huérfana de razón frente a la Razón huérfana de ley.

Este tipo de razonamientos irracionales, tan del agrado del PP, son comprensibles cuando su presidente, Mariano Rajoy, es capaz soltar pseudo-pensamientos como los siguientes: “Creo en la España constitucional”, “en la España de las autonomías y no en la de las soberanías”. “La separación es ir hacia la Edad Media y los procesos importantes son los de unión”. A este señor, que quiere la soberanía de España y la autonomía de Euskadi, mientras que los nacionalistas vascos no queremos lo contrario: la soberanía de Euzkadi y la autonomía de España, sino la soberanía de todo pueblo viviente, hay que contestarle con sus propias palabras y espetarle que: “Creo en las soberanías y no en la de la España constitucional, en la España de las autonomías”. ¡Soberanías, Rajoy, soberanías! ¿O es que acaso no tienen derecho, cuando la soberanía española niega la soberanía vasca, catalana, gallega…, éstas a negar aquélla? ¡Lo tienen, vaya que sí lo tienen! Además, qué razón hay para negar que la unión es ir hacia la Edad Media y los procesos importantes son los de separación. ¡Ninguna! Tan legítima y legal como la unión debería ser la separación. No sólo porque es de justicia, sino porque una unión a la fuerza incita a la separación con razón. Quizás haya quien alegue a la inversa y diga que una separación a la fuerza incita a la unión con razón. ¿Pero qué si no la fuerza le queda a quien ilícita y tiránicamente se le hurta alcanzar pacífica y justamente lo justo?

A la par que los populares, los socialistas, que no son mejores y tampoco quizás peores, más que echarse las manos a la cabeza ante la propuesta del Lehendakari están por echarse la cabeza a las manos. Dicen que no les va a temblar el pulso para impedirla con la ley, la Constitución, la policía y como te descuides hasta el ejército. ¡Todo por la patria! ¿Qué le vamos a hacer si van de progresistas, republicanos, federalistas y vasquistas cuando son unos capitalistas, monárquicos, jacobinos y españolistas de mucho cuidado? A estos transversalistados, que a la de ya se las apañan solitos y ahí te quedas con el consenso, si les ofertas la paz y te declaran la guerra ¿habrá que declararles la guerra para que te oferten la paz?

Comentaba el Secretario General de los socialistas vascos –de traca lo de vascos–, Patxi López, a raíz las rectas intenciones consultivas y consultantes (en este orden) de Ibarretxe que: se pudo ver en el Parlamento vasco “a un Gobierno vasco, con el lehendakari a la cabeza, que quiere saltarse la legalidad”. ¡Carajo la legalidad omnipresente! ¡Ya pueden mirar debajo de la almohada no vaya a ser que les esté esperando el juez de guardia con el martillo y se queden sin gratos sueños! Pero es verdad, se pudo ver a la legalidad bien despierta. Se pudo ver en el Parlamento Vasco la legalidad que quiere saltarse a un Gobierno vasco, con el lehendakari a la cabeza. Y acullá ustedes, pero quien escribe, entre que la “legalidad” se pase por la puerta de Alcalá la voluntad del pueblo vasco expresada en su parlamento o ésta haga lo propio con aquélla, vamos, elijo lo popular hasta con los ojos revendados. Porque no es la legalidad quien determina qué es el pueblo, sino el pueblo quien determina qué es la legalidad. Que sí, que el españolismo argumentará que la Constitución española –la rechazada por la ciudadanía vasca– en sus artículos no sé cuántos dice no sé qué y no sé cuál, pero qué dice el pueblo vasco. ¡Qué dice, a ver, qué dice! Porque el problema, precisamente, radica en que si la Carta magna impone que la nación vasca no puede ser independiente, la nación vasca propone que no puede ser dependiente de España. Y claro, como a la injusta imposición le llaman legalidad y a la justa proposición ilegalidad, pasa lo que no debiere ocurrir y ocurre lo no debiere pasar. ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡A que lo legal sea injusto y a que lo justo sea ilegal!

Así las cosas, la Ley de leyes, que es, desengañémonos, la injusticia de las injusticias, es un problema en sí misma. En sí misma porque la Constitución principalmente, y los códigos que la complementan, que tratan de regular la convivencia, de reglamentar las relaciones cívico-sociales, políticas, económico-laborales, administrativas, etc., al no ser aceptadas de una manera clara por el pueblo vasco, no sólo no tienen legitimidad aunque sean ley, sino que fracasan en su propósito de alcanzar la concordia o paz social. La norma legal española de mayor rango jurídico consigue así lo contrario de lo que pretende: en lugar de apaciguar la problemática cohabitación, problematiza la cohabitación apacible. No armoniza la discordante coexistencia, discordia la coexistencia armónica. La razón de esta ineficacia consiste en que si es cierto que el texto constitucional reconoce y garantiza los derechos y libertades individuales, del mismo modo lo es que rechaza el derecho y la libertad fundamental de los pueblos: la autodeterminación o la libre decisión. Con lo cual, el Estado de derecho, cuyos pilares son la separación de poderes y la igualdad de la ciudadanía ante las leyes, se convierte en un Estado sin derechos para los pueblos porque niega la igualdad de los mismos ante la ley, la ley de la igualdad de los mismos y los derechos de separación que les deberían corresponder.

Entendido que el no reconocimiento de la igualdad y la libertad popular es el pecado capital de la Constitución española y el hecho que impide la fraternidad entre pueblos o internacional, vienen como la tinta a la punta de la plumilla unas declaraciones que el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, realizaba hace algún tiempo. Decía este comunista convertido al socialismo, que no a la inversa, “que su formación sólo podría respaldar la celebración de un referéndum en el País Vasco si éste estuviera vinculado a una reforma estatutaria y cumpliese los preceptos que establece la Constitución española”. Falsedad que la negativa dada en el Congreso de los Diputados, entre otros grupos parlamentarios, por el socialista a la reforma (ni contraestatutaria ni inconstitucional) del Estatuto de Autonomía planteada por el Parlamento Vasco prueba evidentemente. Ahora bien, lo interesante es caer en la cuenta de que el EAJ-PNV –que ni aprobó la Constitución republicana de 1931 ni la de la monarquía parlamentaria de 1978, entre otras causas por la falta de reconocimiento y garantías de los derechos históricos– a día de hoy, incumplido el pacto estatutario y vista la imposibilidad de actualizar los derechos antedichos, podría decir, haciendo una metábola con las palabras de Garrido, que: “Éste (el EAJ-PNV) sólo podría respaldar una reforma estatutaria y los preceptos que establece la Constitución española si estuviera vinculado a que su formación (el PSOE) cumpliese la celebración de un referéndum en el País Vasco”. Un referéndum o tantos como el pueblo vasco considere necesarios, porque el dar la palabra a la ciudadanía no hay que entenderlo solamente como el acto democrático por excelencia, sino como una serie de actos autodeterministas. O dicho de otro modo, si el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmaba en relación a la intención del lehendakari, Juan José Ibarretxe, de convocar una consulta popular sobre el futuro del País Vasco, que su partido se opondrá “sin ruido, con decisión y determinación a cualquier iniciativa que no esté prevista en la Constitución”, el EAJ-PNV afirma que nuestro partido se opondrá con ruido a cualquier Constitución prevista sin decisión y no determinación. Toda Constitución española en la que figuren como papel mojado los derechos históricos del pueblo vasco o los que le correspondan en virtud de su historia, entre ellos el de la libre determinación de los pueblos, no lograra el asentimiento del EAJ-PNV.

Dicho lo cual, al ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, que sostenía desde Palma de Mallorca que la consulta popular auspiciada por el Lehendakari “está destinada al fracaso porque no cabe pactar con el presidente del Gobierno nada fuera de la Constitución”, habría que contestarle que la Constitución está destinada al fracaso porque no cabe pactar nada. ¡El presidente del Gobierno fuera! ¡Con la consulta popular anunciada por el lehendakari! Y es que para qué queremos los nacionalistas vascos un presidente español que de tan constitucional que es no se puede acordar nada sustancial con él. Si el Jefe del ejecutivo socialista ha dicho que quería dialogar para lograr la paz (y la normalización política) y no lo ha logrado, por qué no va a ser posible que quien haya dicho (Rajoy) que no quiere dialogar para lograr la paz (y la normalización política) lo logre. O de otro modo: si quien quiere la solución nos deja con el problema ¿puede que quien quiere el problema nos deje con la solución? ¿O es que creen los socialistas, que son capaces de intentar hacer lo que hacen los populares, que los populares no son capaces de intentar hacer lo que hacen los socialistas? Mientras prepara su campaña electoral para las generales y plantea las estrategias a seguir, piense, señor Rubalcaba, en el maquiavelismo de la política. ¡No vaya ser que haya a sus espaldas quien pacte lo que ustedes no han sido capaces de cara!

Por último y por acabar con otra metábola estos alegatos en favor del derecho a la autodeterminación, se preguntaba Miguel Buen, Secretario General del PSE en Gipuzkoa, que: “¿Quién va a decir que no si le preguntan: usted quiere decidir?”. Los nacionalistas vascos no, desde luego, pero, si no le preguntan qué va a decir usted ¿quién va a decidir?